Con bombos y platillos, en mayo de 2012, el Gobierno de Juan Manuel Santos anunció el Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre China y Colombia -Appri- que entró en vigor el 2 de julio de ese mismo año.

Poco o nada que celebrar en torno de ese suceso nocivo para nuestra economía pues no existe ninguna reciprocidad para Colombia en el acuerdo que por el contrario facilita que el estado chino se apropie de sectores estratégicos en nuestro país, como de hecho ya ha comenzado a ocurrir. Con ocasión de la pandemia, con sus arcas llenas de recursos, China salió de “shopping” y anda adquiriendo en el mundo compañías estratégicas con una voracidad inusitada.

Según el Banco de la República, el flujo de la inversión directa de China en Colombia pasó de US$9,3 millones en 2019 a US$43,3 millones en lo transcurrido de 2020. El diario La República reseñó el pasado 26 de octubre que la nueva super potencia ha invertido en diversos sectores estratégicos: la construcción del Metro de Bogotá- en el que China Harbor Engineering se quedará con la operación durante dos décadas-, la construcción de obras de infraestructura a lo largo y ancho del país, entre otras Mar2 que conecta con el Urabá, el tren de cercanías de la Sabana de Bogotá (Regiotram) y la mina de oro más grande del país en Antioquia.

Compraron Old Mutual – fondo de pensiones y cesantías y la empresa BYD fue escogida para suministrar buses eléctricos a los sistemas masivos de transporte de Bogotá y Medellín. En el sector petrolero, las empresas chinas Sinuchem y China National Petroleum Company tienen amplia participación.
En contraste con las concesiones y beneficios que China ha obtenido, Colombia no tiene ninguna posibilidad de invertir en ese país en 63 sectores entre los que se encuentran el de comunicaciones, minero y muchos otros.

Estamos entregando actividades estratégicas a la soberanía del estado chino.
Esta actitud complaciente y frívola contrasta con los controles y restricciones que imponen muchos otros países para contener la desaforada compra de empresas por parte de China y las drásticas medidas que adoptan para evitar que sectores relacionados con la seguridad nacional pasen a depender de su gobierno.

En Alemania, el Banco Estatal compró uno de los mayores operadores de redes eléctricas en aras de impedir que la adquiriera una compañía China para lo cual alegó razones de seguridad nacional. Bélgica bloqueó la compra del operador de red eléctrica Eandis por parte de la compañía China State Grid, por cuanto considero que no podía permitir que el suministro de energía pasara depender de las decisiones del gobierno chino.

En la misma línea, la UE planea la adopción del llamado Libro Blanco cuyo objetivo es adoptar instrumentos para supervisar, limitar e incluso vetar inversiones chinas.

Nosotros en cambio quedamos maniatados gracias a que el Appri impide que Colombia pueda tomar medidas para restringir la inversión en sectores estratégicos grave improvidencia de los negociadores porque no estamos frente a cualquier inversionista, sino ante un estado totalitario, poderoso e inmensamente acaudalado, por lo cual no se trata de un simple tema comercial sino de un asunto con graves connotaciones políticas y una amenaza latente y de consecuencias imprevisibles para la soberanía nacional.

Es urgente replantear el Appri con el fin de defender a toda costa los intereses nacionales, la estabilidad de la economía, pero sobre todo la independencia y autodeterminación de nuestro país.