La carta enviada al Presidente por El Instituto de Ciencia Política con propuestas para activar la economía no se puede quedar en anaqueles, debe ponerse en marcha para evitar una crisis.
En tiempos de crisis abundan las recetas sobre cómo salir de ella, pero cuando estas vienen del sector privado, hay que ponerles más atención, pues en ellos reside el grueso del pago de impuestos y la generación del empleo formal.
El pasado fin de semana, el presidente Iván Duque recibió una carta del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y firmada por un importante grupo de empresarios en la que le proponen una serie de medidas que se deben ir ejecutando, pues es un imperativo que la economía siga la buena marcha que tenía y evitar que la actividad empresarial y el consumo de las familias lleven el crecimiento a terreno negativo, tal como se está pronosticando.
Las primeras recomendaciones tienen que ver con las medidas sanitarias; frente en el cual los empresarios plantean que es válido el aislamiento preventivo de la población económicamente inactiva, pero proponen que a la industria, los sectores de la construcción y manufactureros, las cadenas de suministro de alimentos y los comercios se les permita el tránsito a sus áreas de producción bajo una logística sanitaria vigilada. Un cese de actividades de la industria generaría un costo de hasta 10% del PIB cada mes.
Para el mercado laboral, los empresarios le plantean al Gobierno Nacional que durante seis meses el Estado asuma 100% de los parafiscales y piden que considere suspender por un año la obligatoriedad de aportes a las cajas de compensación, pues esas instituciones cuentan con el patrimonio suficiente para mantenerse. Igualmente, es la ocasión para permitir la contratación por horas y el comercio por todo el día con turnos especiales, para así evitar aglomeraciones.
En lo que tiene que ver con los créditos y subsidios, el centro de pensamiento planteó la posibilidad de que deberían abrirse canales de crédito dirigidos a sectores informales; eliminar los límites a consignaciones y transacciones online para incentivar el uso de las fintech, y plantear subsidios para créditos hipotecarios. La carta también plantea que es clave modificar el calendario tributario, “aplazando el pago del impuesto a la renta y complementarios, así como la declaración y el pago del IVA por al menos tres meses para todos los sectores”. Creen que al eliminar transitoriamente el IVA se ayudaría a disminuir “los costos del sector productivo en la contratación de factores de producción, expandiendo la oferta de bienes de consumo”.
Otro punto es la necesaria transformación digital para las entidades públicas: reducir trámites y burocracia, tanto para las personas jurídicas, como para las naturales. El sexto punto del ICP es concentrar las ayudas estatales para los más necesitados y evitar los problemas de corrupción que siempre se presentan en estas ocasiones. Y finalmente, se propone evaluar daños a las empresas mediante una comisión conformada por empresarios, industriales y comerciantes, quienes asesoren al Gobierno en la evaluación de afectaciones a esos sectores, para crear más medidas.
A todas luces es un arsenal poderoso que debe evaluarse por el Gobierno Nacional para evitar que la crisis de la economía se extienda en el tiempo y someta a una segunda pandemia a los más necesitados. Hay propuestas drásticas y bastante inesperadas, pero esas son las que hay que adoptar en tiempos de vacas flacas.